Jueza dicta No ha lugar a Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, pero envía a juicio a Donald Guerrero y Angel Lockward, en caso Calamar
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 30 DE MAYO 2026.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de no ha lugar para los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y envió a juicio de fondo a Donald Guerrero, imputados en un caso de corrupción.
En cuanto a Guerrero, la magistrada dijo que las empresas señaladas por el Ministerio Público en relación con las presuntas operaciones de lavado de activos mantenían vínculos con el exministro de Hacienda y que estos aspectos deberían ser analizados en otra etapa del proceso judicial, por lo que envió a juicio de fondo.
Otros no ha lugar
También fueron favorecido con no ha lugar Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, así como Marcial Reyes y Rosa Arias, no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano acusador. Al igual, Rosa Arias y Marcial Reyes.
OTROS QUE VAN A JUICIO DE FONDO
También fueron enviados a juicio de fondo Ángel Lockward, Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirilo y la empresa Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., por considerar que existen elementos de prueba que los vinculan a los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
El Ministerio Público acusó al grupo de delitos que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
ACUSACIONES NO FUERON PROBADAS
Durante el proceso, presentó 1,770 «pruebas» para sustentar la acusación contra 43 imputados, entre ellos 34 personas físicas y varias empresas presuntamente utilizadas en la estructura de corrupción que habría afectado a más de 500 víctimas.
La magistrada informó que, en relación con José Ramón Peralta, el Ministerio Público presentó una acusación por presuntos actos de corrupción, incluidas alegaciones de desfalco por un monto de 19 mil millones de pesos.
Sostuvo que las pruebas aportadas no demostraban de manera suficiente las acusaciones formuladas por el órgano persecutor.