La corrupción en los gobiernos de Danilo Medina ¿Dónde están las sanciones tras Odebrecht, Tucanos y la Omsa?
A continuación publicamos un interesante reportaje de la autoría del periodista Silvio Cabrera, publicado por el periódico El Nacional.
SANTO DOMINGO.- En los ocho años de gobiernos de Danilo Medina (2012-2020) no se registraron grandes logros en la lucha contra la corrupción administrativa, a pesar de que se presentaron casos de importancia que impactaron a la sociedad dominicana.
Durante ese período, el sistema judicial procesó varios expedientes de alto perfil, algunos de los cuales marcaron hitos en la presión social, que motivaron la creación de grupos de protestas como el movimiento Marcha Verde.
Al igual que en las demás gestiones heredadas desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en la de Medina los archivos no registran resultados de importancias de expedientes llevados a los tribunales.
Caso Odebrecht
Odebrecht, iniciado en el 2017 en la gestión del procurador Jean Alain Rodríguez, fue sin dudas, el caso más trascendental sometido a la justicia.
Incluso, se trata de un caso que ni siquiera tuvo su origen en el país, puesto que partió de una investigación iniciada en Estados Unidos, nación en donde la constructora admitió haber pagado millones de dólares en sobornos en ese territorio y países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos República Dominicana.
Tras iniciadas las investigaciones en el país, se produjeron los primeros arrestos masivos de figuras de alto nivel, incluyendo al entonces Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el presidente del PRM de ese entonces, Andrés Bautista; el senador Tomy Galán y el empresario Ángel Rondón.
Completaron el expediente Temístocles Montás, exministro de Economía; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Radhamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Ruddy González, exdiputado; Máximo D’ Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y Conrado Pittaluga, abogado y notario; Bernardo Castellanos, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco.
Fue el primer caso en décadas que llevó a prisión preventiva a funcionarios en ejercicio y a legisladores, aunque muchos de los señalados inicialmente fueron excluidos del expediente final antes de que Medina entregara el poder.
¿Qué pasó?
El proceso se fue diluyendo en el camino, con algunos excluidos del expediente después de haber sido apresados y sometidos formalmente a la justicia.
Se trató de un caso iniciado en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a cargo del juez Francisco Ortega Polanco y que prosiguió en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
De los 14 imputados presentados inicialmente, apenas seis llegaron a juicio de fondo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y de éstos, solo el empresario Ángel Rondón fue sentenciado a 8 años de cárcel por el caso. Víctor Díaz Rúa fue descargado por dicho caso, pero sentenciado a cinco años de prisión, por haber sido encontrado culpable de lavado de activos.
En el 2004, Rondón y Díaz Rúa, quienes eran los únicos condenados fueron descargados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sentencia que después fue confirmada por el Tribunal Constitucional, dando por cerrado el caso de manera definitiva y el “dinero robado” prácticamente perdido.
El dinero estimado en el pago de sobornos era de 92 millones de dólares y, según las leyes dominicanas, la condena por devolución equivale al doble de la cantidad de lo hurtado, por lo que mediante acuerdo de admisión de culpabilidad para no ir a los tribunales, Odebrecht acordó pagar 184 millones de dólares a cambio de que se desistiera del sometimiento de sus ejecutivos.
Para esos fines, se hizo un cronograma de pagos, pero Odebrecht solo cumplió con dos pagos de 30 millones de dólares cada uno, equivalente a 60 millones. Luego la empresa se declaró con problemas financiero, por lo que el restante del dinero se quedó sin cobrar.
Se trató del único expediente en donde no hubo sanción, a pesar del principal imputado (Odebrecht) haber admitido culpabilidad y acordar pagar al Estado 184 millones de dólares, equivalente al doble del dinero pagado en sobornos a cambio de asignaciones de obras del estatales.
Leonel Fernández
Tras su salida del poder, en agosto de 2012, Fernández tuvo que enfrentar de inmediato la justicia ante una querella depositada en su contra por quién fuera su fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno.
Moreno lo acusó de un déficit fiscal de RD$183 mil millones, señalando a colaboradores como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Más tarde, en enero de 2013, le interpuso una segunda querella, en ésta ocasión acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos mediante la captación de fondos para Funglode.
Ambas querellas fueron archivadas de manera definitiva por el Ministerio Público, la última por la entonces fiscal del Distrito Nacional y hoy procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
OISOE
El caso del suicidio del arquitecto David Rodríguez, ocurrido en el 2015 en un baño de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) destapó la existencia de una red de extorsiones contra contratistas de obras públicas.
Por este caso, fueron sometidos y condenados exfuncionarios de nivel medio, como Alejandro de los Santos y Yoel Soriano, junto a otros empleados que manejaban una estructura de «prestamistas» que asfixiaba a los ingenieros.
Dichos condenados duraron pocos años en prisión, mientras los archivos no registran de cantidades importantes de dinero devueltos al Estado.
Los Tucanos
El caso de los aviones Súper Tucano, comprados durante la última gestión de Leonel Fernández, ha sido uno de los expedientes más sonados en República Dominicana.
Fue llevado a los tribunales dominicanos en el 2016 tras una investigación de la justicia brasileña y estadounidense sobre el pago de sobornos por US$3.5 millones para la compra de 8 aviones militares. Se sometió al exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, además de empresarios vinculados.
El objetivo declarado era combatir el narcotráfico y las trazas aéreas ilegales. El costo fue de 170 millones de dólares obtenidos mediante un préstamo aprobado por el Congreso.
La trama explotó cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades brasileñas iniciaron una investigación sobre Embraer (Empresa constructora. Se descubrió que la empresa había pagado 3.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para garantizar la aprobación del contrato de compra en el Congreso.
Oficialmente fueron implicados el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea (señalado como el receptor principal del dinero) y empresarios y Legisladores, que luego terminaron excluidos del expediente.
La empresa constructora Embraer admitió ante la justicia de EE. UU. y Brasil que pagó los sobornos en República Dominicana. La empresa llegó a un acuerdo y pagó una multa millonaria a nivel internacional, además de entregar pruebas que vinculaban a los militares dominicanos.
Al igual que como ocurrió con el caso Odebrecht, acordó pagar a República Dominicana siete millones de dólares, equivalente al doble de los sobornos, a cambio de que sus ejecutivos no fueran sometidos a la justicia.
El proceso se conoció en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y concluyó con una absolución de todos los imputados, argumentando que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación de sobornos y lavado de activos.
Tras una apelación, se ordenó la celebración de un nuevo juicio en el 2024, por lo que actualmente, el caso se encuentra varado en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Féliz Bautista
El caso de Félix Bautista fue uno de los expedientes judiciales más complejos y mediáticos en la historia reciente del país, marcando un hito en el debate sobre la corrupción administrativa y la independencia del Poder Judicial.
El proceso cobró fuerza tras la salida del Poder del doctor Leonel Fernández en 2012. Las investigaciones se centraron en su gestión como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) durante los gobiernos de Leonel Fernández.
Las acusaciones principales, presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluían: Enriquecimiento ilícito, Falsedad en escritura pública, lavado de activos y uso de testaferros.
El Ministerio Público, bajo la gestión del entonces procurador Francisco Domínguez Brito, alegaba que Bautista no podía justificar un patrimonio que incluía más de e 40 inmuebles, participación en numerosas empresas constructoras, cuentas bancarias con movimientos millonarios que no coincidían con sus ingresos como funcionario público.
Tras la salida de la Procuraduría General de la República de Domínguez Brito, el expediente fue archivado por el entonces director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, quien más tarde se convirtió en su abogado.
Al regreso de Domínguez Brito a la Procuraduría, en el 2012, el caso fue retomado, acción que fue considerada por Bautista como una persecución política del procurador en su contra.
En marzo de 2015, el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, actuando como juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, dictó un auto de «No Ha Lugar» a favor de Bautista y otros seis implicados.
Los argumentos del juez fueron la existencia de «pruebas obtenidas de manera ilegal y violación al debido proceso. Consideró que muchas de las pruebas presentadas ya habían sido juzgadas en archivos anteriores (principio de Non bis in idem o no ser juzgado dos veces por lo mismo).
La decisión provocó una ola de indignación en diversos sectores de la sociedad civil. Fue uno de los catalizadores de movimientos que exigían el fin de la impunidad en el país.
El Ministerio Público bajo el mando de Domínguez Brito apeló la decisión, pero en octubre de 2015, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el fallo de Moscoso Segarra, cerrando definitivamente el caso en la jurisdicción dominicana.
Este caso sigue siendo un referente en el análisis de la justicia dominicana, especialmente por la tensión que generó entre la persecución penal y los procedimientos técnicos legales.
OMSA
El caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) es uno de los expedientes más complejos de la historia judicial reciente en la República Dominicana, debido a que entrelaza una red de corrupción administrativa con el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez en octubre de 2017.
El escándalo estalló cuando el cadáver de Yuniol Ramírez fue hallado en una cañada amarrado a un block de concreto. Según las investigaciones, Ramírez estaba extorsionando al entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, amenazando con revelar actos de corrupción en los procesos de compra y reparación de autobuses.
Los sometidos a la justicia fueron Manuel Rivas, exdirector general de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, exgerente financiero de la OMSA y coronel de la Policía Nacional; Eddy Santana Zorrilla, empresario suplidor de la OMSA; Argenis Contreras González, asistente de Manuel Rivas, señalado como el autor material que disparó contra Ramírez dentro de un vehículo en el campus de la UASD; José Antonio Mercado Blanco («El Grande»), empleado de la OMSA; Víctor Ravelo Campos («El Herrero»), acusado de asociación de malhechores y de participar en la logística del crimen; Jorge Luis Abreu Fabián («El Taxista»), señalado por prestar apoyo logístico para el movimiento de los implicados; Heidy Carolina Peña, Esposa de Argenis Contreras, señalada por presunto ocultamiento de pruebas y complicidad con su esposo mientras este estaba prófugo y Lilian Francisca Suárez Jáquez, acusada de complicidad y de ayudar a Argenis a evadir la justicia.
Aunque todos fueron sometidos, la justicia dominicana tuvo resultados muy distintos para cada uno. Argenis Contreras, sentenciado a 20 años de prisión; Faustino Rosario Díaz, 1 año de prisión por corrupción.
Mientras que Manuel Rivas, El Grande, El Herrero y los demás mencionados fueron descargados, principalmente por «insuficiencia de pruebas» o fallos en la instrumentación del expediente por parte del Ministerio Público de esa época. En el caso del empresario Eddy Santana Zorrilla, fue excluido del expediente acusatorio.
La sentencia condenatoria fue recurrida en apelación por parte de los condenados, logrando que en esa jurisdicción se ordenara la celebración de un nuevo juicio.
El nuevo juicio concluyó con una ratificación de la condena a los imputados por el crimen, mientras que en lo concerniente a la corrupción concluyó con una absolución definitiva de Manuel Rivas, por parte de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, como en casi todos los citados en esta serie de reportajes publicados por El Nacional, el dinero de la corrupción se quedó perdido.
CEA
Tras un trágico incidente en San Pedro de Macorís ocurrido el 14 de febrero de 2017, donde un hombre mató a dos locutores y luego se suicidó debido a un conflicto por la venta irregular de terrenos estatales, se intervino la institución.
Se realizaron investigaciones que llevaron a la destitución de José Joaquín Domínguez Peña y al sometimiento de varios funcionarios de menor jerarquía involucrados en la venta fraudulenta de terrenos del Estado.
A pesar del informe de una comisión investigadora que se hizo para tales fines durante el resto del gobierno de Medina, el caso no avanzó hacia condenas penales de alto nivel. Se presentaron querellas particulares contra el exdirector Domínguez Peña por ventas duplicadas en zonas como Pedro Brand, pero el expediente principal por corrupción sistémica no fue procesado con la misma fuerza que el del asesinato.
El caso del asesinato se dio por cerrado, puesto que el ejecutor se suicidó y los restantes imputados pasaron virtualmente a ser parte del expediente Calamar (2023 – 2026), el cual se mantiene aún en los tribunales. Al igual que los demás, en dicho caso no ha habido sanción a los corruptos.
Los Tres Brazos
El caso Los Tres Brazos es otro de los expedientes judiciales más notorios de la República Dominicana, que involucrando la venta irregular de todo un sector habitacional en Santo Domingo Este.
A finales de 2016, se reveló que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) había vendido más de un millón de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos a una empresa privada llamada Infepa (Inversiones Fernández Parache) por un monto pírrico de 80 millones de pesos.
La controversia estalló porque los terrenos era propiedad del Estado y estaban habitado por miles de familias desde hacía décadas. La venta se realizó sin la aprobación del Congreso Nacional, requisito constitucional para la enajenación de bienes del Estado.
La empresa compradora comenzó a exigir pagos a las familias residentes para titular sus propias viviendas, a precios muy superiores a los de la transacción original.
El Ministerio Público acusó a un grupo de exfuncionarios y empresarios de coalición de funcionarios, prevaricación y desfalco. Los acusados fueron Leoncio Almánzar, ex director de Corde; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público además acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L
En junio de 2022, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un «Auto de No Ha Lugar» a favor de todos los implicados. El juez consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sustentar una acusación penal y que los hechos, aunque administrativos, no constituían delitos de corrupción bajo la normativa vigente en ese momento.
En el ámbito administrativo, el Estado dominicano, mediante el decreto 392-16, ordenó la disolución de CORDE y la nulidad de las ventas, logrando que los terrenos regresaran al patrimonio estatal.
El Ministerio Público apeló la decisión del «No Ha Lugar». En 2023 y 2024, las cortes de apelación han mantenido un pulso jurídico. Si bien el proceso penal se ha visto estancado por tecnicismos, la meta del Estado ha sido asegurar que los residentes no sean desalojados y que el proceso de titulación se realice de manera legal a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).
En resumen, aunque los terrenos fueron recuperados por el Estado y el desalojo masivo se detuvo, no ha habido condenas penales para los exfuncionarios y empresarios involucrados hasta la fecha.
