Corte Apelación ratifica sentencia 20 años a profesor John Kelly, acusado causar la muerte a una estudiante
SAN PEDRO DE MACORIS, 29 DE MAYO 2026.- La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís confirmó la sentencia de 20 años de prisión impuesta al profesor John Kelly Martínez, al encontrarlo culpable de la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez, de 16 años, ocurrida en el año 2023 en la comunidad Vista Alegre, distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.
El tribunal ratificó la pena tras declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, confirmando así el fallo dictado en primera instancia por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que estuvo representado por el procurador general de corte Enrique Estévez de León, ante un tribunal integrado por los jueces Ramón Báez Rodríguez, Kenia del Pilar Tavárez y Ramón Martínez, quienes además declararon inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado.
La sentencia ratificada también establece el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares de la víctima, así como una multa de 200 mil pesos en favor del Estado dominicano.
El tribunal confirmó la decisión emitida en primera instancia el 14 de marzo de 2024 por el Tribunal Colegiado de La Altagracia, tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que sostuvo que el docente incumplió el deber de cuidado y protección hacia la menor.
De acuerdo con la acusación, el 12 de febrero de 2023 la adolescente salió de su residencia en compañía del profesor y otras personas, y al regresar horas más tarde se encontraba en estado crítico, falleciendo posteriormente en su vivienda.
El Ministerio Público indicó que el condenado incurrió en violaciones a disposiciones del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 631-16 sobre control de armas.
El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, fue establecido como el lugar donde el sentenciado deberá cumplir la pena.
